Denuncian irregularidades y despojo de tierras en  “megaoperativo Nayarit”

18 Noviembre 2025, Puerto Vallarta, Jalisco

Tras la detención del abogado Joel Marín, defensor de empresarios jaliscienses que quieren ser despojados de terrenos que adquirieron hace 20 años en Bahía de Banderas, solicitan la intervención del Gobierno Federal en “megaoperativo Nayarit”. 

En rueda de prensa, la defensa del abogado Joel Marín, el también abogado Cristian González Puig, transparentó la existencia de un oficio dirigido a la presidenta de México, así como a autoridades federales de justicia y organismos de derechos humanos, en el que expresan que las autoridades nayaritas actúan de manera irregular para despojar de bienes inmuebles a los ciudadanos. 

De acuerdo con la denuncia el “megaoperativo Nayarit” habría sido utilizado para intervenir predios pertenecientes a particulares y ejidatarios mediante procedimientos cuestionados, justificándose  bajo el argumento de “utilidad pública”, realizando aseguramientos irregulares de terrenos, así como detenciones ilegales de particulares.

Entre los señalamientos se incluyen acusaciones de: fabricación de carpetas penales, abuso de autoridad y actos que, aseguran, podrían favorecer a empresas con proyectos turísticos privados.

“En este caso en concreto, utilizaron al aparato de justicia desde la sub fiscalía, que es la subfiscal Luzmila Heredia, quien está detrás de todo esto, quien aparte, anteriormente fue la directora del FIBBA. El FIBBA es el fideicomiso de Bahía de Banderas, donde está sucediendo todo esto. Ella tiene conocimiento de todo el peso que hay detrás, de todo el poder económico que hay detrás de estas tierras y pues ahora como subfiscal está utilizando a la fiscalía para realizar estos despojos indiscriminados. Aunado a ello, esta persona,  está relacionada en el círculo cercano del anterior fiscal de Edgar Veitia. Edgar Veitia, fue aprendido en los Estados Unidos de Norteamérica por delitos relacionados con el narcotráfico, la fabricación, la transportación, la distribución de metanfetaminas, cocaína, marihuana, entre otros, entre otras drogas. Y por otro lado,  la segunda persona involucrada en este en esta red y con mayor peso, es el coordinador general jurídico de gobierno del Estado,  José Gabriel Camarena Morales, quien de hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de cohecho, de abuso de autoridad, de infracción, de tráfico de influencias, de coalición de servidores públicos”, puntualizó  El abogado defensor, Cristian González Puig.

El caso de Joel Marín, detenido tras promover amparos en defensa de un empresario jalisciense, es presentado como un ejemplo de estas presuntas irregularidades, además aseguraron que tienen conocimiento de al menos 87 denuncias penales más, por casos similares de despojo.

El abogado que encabeza la defensa afirma que Marín únicamente funge como representante legal y no tiene relación con la propiedad o administración de los terrenos involucrados, por lo que considera que su detención busca frenar procesos judiciales contra el operativo estatal.

“Lo que están haciendo aquí es fabricar delitos por supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, en cuanto a la forma de cómo fueron adquiridos los bienes para despojar a los particulares de sus bienes. En el caso concreto el el empresario a quien defendía Joel Marín compró estos bienes hace más de 20 años, es decir, inclusive en tiempos si ellos la Fiscalía local quisiera investigar por posibles fraudes, pues ya no estarían en tiempo para hacerlo. Ya ya habrían prescrito los Y por otro lado, para verificar este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía local y los jueces locales son incompetentes, ya que tendría que ser la federación quien atienda estos estos delitos y es precisamente lo que es nuestro llamado”, reiteró Cristian González Puig.

La denuncia menciona que el gobierno de Nayarit ha asegurado cientos de miles de metros cuadrados como parte del programa y que existen al menos 87 casos adicionales con señalamientos similares. Ante la próxima audiencia que definirá la situación jurídica del litigante, se solicita la suspensión del operativo, la liberación del abogado y una investigación federal que revise a fondo la actuación de funcionarios estatales y del sistema de justicia local.

“Nosotros hacemos un llamado a la presidencia, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sea la autoridad federal una, que liberen inmediatamente a Joel Marín, segunda, que suspendan de manera total y definitiva el el megaoperativo Nayarit y tercera, que se realice una investigación día, respecto de todos los funcionarios públicos que están involucrados en este caso”, finalizó la defensa.

La defensa reiteró que la intervención de las autoridades federales es urgente para frenar lo que califican como un uso discrecional del aparato de justicia local y un mensaje de intimidación hacia quienes litigan contra los despojos de tierra. Aseguran que sólo una revisión independiente permitirá esclarecer la legalidad del “megaoperativo Nayarit” y determinar si la detención de Joel Marín García fue utilizada como herramienta para inhibir la defensa de particulares y ejidatarios. Con ello, los afectados buscan que el caso escale al más alto nivel institucional ante la gravedad de las acusaciones.